Por: Erik Avilés
El 23 de febrero de 2026, mientras el sol salía sobre nuestro territorio, en millones de hogares sólo reinó el silencio pesado que imponen el miedo y la incertidumbre, en lugar de los preparativos para acudir a la escuela.
Tras los operativos federales y los disturbios desencadenados por el abatimiento de un criminal de origen michoacano 14 estados de la República se vieron obligados a suspender clases de manera parcial o total.
Casi el 44 por ciento del territorio nacional tuvo que priorizar la integridad física de sus estudiantes por encima de su formación académica. En 7 entidades —Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y Baja California— el cierre fue total y absoluto. En Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, los cierres fueron parciales, con municipios específicos bajo resguardo y universidades autónomas tomando decisiones ante la ausencia de garantías federales.
Las cifras más dolorosas son las de las vidas estudiantiles interrumpidas. Desde los 1.6 millones de estudiantes en Jalisco, 1.5 millones en Guanajuato y 1.2 millones en Michoacán, se acumularon más de 8.4 millones de niños y jóvenes sin clases presenciales.
Desde Mexicanos Primero Michoacán documentamos, a lo largo del Ciclo Escolar 2024-2025, incidencias que impidieron completar el ciclo escolar en 20 de los 113 municipios de la entidad y 120 menores de edad asesinados durante el periodo citado. Y no es un fenómeno nuevo: en el arranque operativo de nuestra organización, allá por 2009, hicimos énfasis en la importancia de "sacar la educación de la nota roja". Han pasado más de dieciséis años y seguimos en la misma conversación, sin ánimos de normalizar, sino de revertir la derrota colectiva.
El éxito de un operativo contra el crimen organizado es una señal de que el Estado mexicano puede y debe recuperar la rectoría de su territorio. Ahora, urge la generación de condiciones para el regreso seguro a clases. Una vez realizado lo anterior, exijamos la creación y operación permanente de corredores escolares seguros, protocolos de regreso a clases y de criterios de suspensión, así como un plan inmediato para recuperar los días perdidos.
Es importante remarcarlo: México entero necesita condiciones para aprender en paz. El Estado está constitucionalmente obligado a garantizarlas, porque la seguridad es la base de todo contrato social y en ello se nos va, literalmente, el futuro de la nación.
Los niños siempre esperan que sus padres les transmitan confianza y seguridad, y más aún en momentos de crisis. Un día como hoy, en que el miedo circula por las calles y los noticieros, el hogar debe convertirse en un refugio emocional.
Especialmente: es momento de implementar nuevamente el modelo híbrido que debió existir para todos los estudiantes de este país desde la pandemia. Si un solo niño no tiene acceso a educación a distancia, quiere decir que, no solamente se está claudicando ante los criminales, sino que llevamos prácticamente un sexenio de omisiones acumuladas ante la imperatividad de haber establecido este mecanismo paralelo para que el aprendizaje suceda. Se requierenplataformas de emergencia funcionales, materiales para el aprendizaje en casa y acompañamiento a los docentes.
Por otra parte, tengamos presente que, para los padres en zonas de conflicto, UNICEF recomienda hablar con los hijos en estos términos:
Finalmente: no nos acostumbremos. El día que una escuela cerrada por la violencia deje de indignarnos, el miedo será el modelo educativo vigente.
Por antonomasia, las aulas son espacios de paz; si no la hayen ellas, nuestro futuro social está en entredicho. Los hijos de los mexicanos merecen aprender en paz, no entre cárteles.
Contacto: eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
